Desigualdad salarial entre trabajadores con y sin discapacidad en México, ¿Discriminación o menor productividad?

Derivado del análisis estadístico de los Censos poblacionales se obtiene que en el año 2000, la población ascendió a 95.2 millones de habitantes (la tabla 1), de los cuales 2.2 millones (2.33%) presentaron algún tipo de discapacidad (motriz, visual, de lenguaje, auditiva, mental o múltiple), de estos, aproximadamente 1.14 millones se encontraba en el rango de edad de 16 a 65 años. Sin embargo, es preciso destacar que no todos ellos constituyen la fuerza laboral de PCD disponible, pues a muchos de ellos se les considera “imposibilitados para trabajar”, o al menos, así lo informan las personas encuestadas al momento del censo. Es por eso que en la tabla 1 se incluye la fila “población disponible para trabajar”, pues se retiran del rubro anterior a todas aquellas personas jubiladas y a las que reportaron una condición de discapacidad que les imposibilita trabajar, suma que ascendió a un millón. Aquí se detecta un detalle metodológico de diseño de encuesta, ya que las personas encuestadas autoseleccionan como “imposibilitadas para trabajar” a los individuos con discapacidad que viven en el hogar, por el simple hecho de tener alguna dificultad para la realización de tareas, no sabiendo que tal condición no les imposibilita del todo obtener un empleo. Es decir, no existe un campo en la encuesta que indique la severidad de la discapacidad, pues si un individuo presenta una condición de discapacidad leve o moderada, tendría mayor oportunidad de incorporarse a un empleo remunerado, aspecto que se deja de lado en ambos Censos poblacionales, tanto en el año 2000 y 2010.

Por su parte, para el año 2010, la población total fue de 111.9 millones de habitantes, de las cuales 5.7 millones presentaron algún tipo de discapacidad (5.12%), de esta cifra se derivan 2.97 millones de personas en el rango de edad entre 16 a 65 años, siendo 1.7 millones los disponibles para trabajar. Estadísticamente, este último aspecto evidencia puntualmente la discrepancia entre la población en edad de trabajar y las personas disponibles para trabajar, aproximadamente 1.27 millones de personas con discapacidad que se excluyen de la población disponible para trabajar, o se encuentran jubiladas, o se autoseleccionan como “imposibilitados para trabajar”. De manera agregada, no considerar a todos estos individuos, o a un cierto porcentaje de ellos (excluyendo oportunamente a los que su severidad en la discapacidad les imposibilita trabajar), trae consigo sesgos en el diseño y eficiencia de políticas inclusivas de empleo.

Es importante destacar que la población con discapacidad aumentó de 2000 a 2010 en 96.15%, las personas en esta condición en edad de trabajar en 61.79% y la población ocupada con discapacidad en 65.15%. Una explicación de dicho cambio podría deberse a que las personas con discapacidad pudieron haber incrementado su nivel educativo y con ello la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo, dado que la falta de condiciones económicas suficientes, podrían estar presionando para que desarrollen alguna actividad económica.

Con el motivo de justificar la elección de únicamente a los trabajadores en los empleos no calificados, en la tabla 2 se presentan los niveles de ocupación por tipo de empleo para ambos colectivos. Se observa que los trabajadores remunerados y asalariados se ubican con mayor frecuencia en empleos no calificados, que para personas sin discapacidad representan aproximadamente 85%, mientras que para personas con discapacidad son más del 90%, en ambos años. Para este segundo grupo, se incrementó la participación en empleos no calificados durante los diez años. Asimismo, los salarios promedio evidencian una considerable disparidad por tipo de empleo y por condición de salud.

Como muestra la evidencia descriptiva, los trabajadores con discapacidad ganan menos que los trabajadores sin discapacidad. Esto podría deberse a que tienen unas características asociadas por sí mismas a un menor salario. Por ello, el objetivo de este trabajo se centra en determinar la existencia de una brecha salarial significativa entre los trabajadores con discapacidad y sin discapacidad para México, a su vez para saber en qué medida tal disparidad se explica por factores relacionados al capital humano, y qué cantidad no lo hace.

Mediante la utilización de la metodología propuesta por FLF (2011), se obtienen, en términos logarítmicos y porcentuales, los componentes explicados y no explicados de la diferencia salarial entre ambos colectivos (trabajadores con y sin discapacidad). A su vez, y dado que la metodología lo permite, para la parte explicada se descompone el aporte (en porcentajes) de las variables personales, de tipo de contrato y de lugar de trabajo incluidas en las regresiones. En las tablas 3 y 4 se resumen la información de las estimaciones.

Primero, de acuerdo con la tabla 3, se observa que los trabajadores sin discapacidad en el año 2000, obtuvieron salarios mayores respecto a los individuos con discapacidad, entre 5.4 a 18.8% (la razón salarial), donde la desigualdad más grande se presentó en el decil más bajo. Es decir, para este año la tendencia indica que a menor salario, mayor disparidad salarial entre ambos colectivos.

Segundo, al observar la descomposición de la brecha entre los factores explicados y no explicados por las características, se obtiene que la sección no explicada tiene un aporte significativo sobre la disparidad a lo largo de toda la distribución, acentuándose en la cola derecha, donde su efecto llega a ser del 72.3%, mientras que en la cola izquierda es del 44.4%. Esto, aunado a lo anterior, permite refinar el análisis, pues para el decil más alto, a pesar de presentar la menor brecha salarial, ésta se debe en mayor medida a factores ajenos a la productividad. Es decir, a una latente discriminación. Por el lado opuesto de la distribución, aunque la brecha es comparativamente mayor al resto de percentiles, ésta se explica en su mayoría por las características incluidas en el modelo. Menores niveles de ingreso se asocian con mayor desigualdad. Sin embargo, para ésta, la mayor proporción es resultante de las características observadas, mientras que los niveles de salarios más altos, aunque con menor disparidad, presenta mayor discriminación, o al menos, no se explica por las características.

Estos resultados sugieren que en los colectivos cuyo ingreso salarial es superior, y que por defecto se asumen mejores características que permiten tales retribuciones, como mejor educación y experiencia, la discriminación asociada es mayor en este segmento poblacional, al igual que en el caso de los estudios por género, existe un “techo de cristal” que impide la igualdad en los salarios de los trabajadores, por el hecho de tener discapacidad sus retribuciones serán siempre comparativamente inferiores. Por el lado opuesto de la distribución, se presenta también el llamado efecto “piso pegajoso”, que limita el crecimiento de los individuos cuyos rendimientos al salario son menores. En este caso, el hecho de tener discapacidad provoca que los ingresos permanezcan siempre por debajo de los trabajadores sin discapacidad. Este segmento poblacional es el de mayor marginación y vulnerabilidad, pues su bienestar de vida se ve condicionado por su condición de salud.

Otro aspecto a resaltar es que la sección no explicada retoma mayor relevancia en la brecha a partir del percentil 25, es decir, para la mayoría de los trabajadores con y sin discapacidad, la desigualdad en salarios se debe a factores ajenos a las características observadas. Esto, en materia de política laboral y de inclusión social es importante, pues la estrategia que en su momento debieron seguir los ejecutores de los programas públicos, se resume a resolver la discriminación asociada, poniendo especial interés en los deciles más elevados de ingreso.

Resulta interesante conocer que en los segmentos poblacionales cuyas características permiten mayor salario, es donde existió mayor discriminación. Este fenómeno que alude netamente a la ideología y la cultura de las personas, merma la calidad de vida de las personas con discapacidad, incluso en los grupos donde se asumiría que por mayor escolaridad, no debiera existir.

Ahora bien, la ventaja que tiene utilizar la medotodologia propuesta por FLF (2011) respecto a otras metodologías de descomposición, es que permite identificar el aporte que tiene cada una de las variables a la brecha salarial. En la parte inferior de la tabla 4, se agrupan en tres tipos de variables: i) personales (las que tienen que ver con las características de los individuos); ii) de tipo de contrato (horas de trabajo y formalidad); iii) de lugar de trabajo (referidas a la localidad y rama de actividad económica).

Al comparar los grupos de variables a lo largo de la distribución, se observa que, son las características de los individuos las que aportan en mayor medida al segmento explicado de la brecha. Por tanto, estos resultados otorga evidencia parcial de la teoría del capital humano, la cual indica que las características de los trabajadores condicionan el valor esperado de sus retribuciones. Los porcentajes asociados fluctúan entre 58.5, hasta un 99.6%. este último referente al decil 90. Es decir, en este segmento poblacional la diversidad en las características personales de los trabajadores con y sin discapacidad son las que explican el 27.7% del diferencial salarial.

De todas las variables incluidas como personales, el gobierno solo tiene influencia sobre la escolaridad, pues es obligación del estado proveer una educación gratuita y de calidad. Un primer esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores con discapacidad es proveerlos de educación, y con ello igualar las condiciones iniciales de competencia en el mercado laboral.

En segundo lugar, las variables del lugar de trabajo tienen una contribución entre 32.7 al 55.7%. Aunque estas variables condicionan las retribuciones, la influencia que tienen las políticas públicas sobre estas es nula, pues, en definitiva, no es posible homogeneizar los salarios entre ramas de actividad económica, regiones o localidades rurales y urbanas, puesto que las condiciones y el costo de los factores productivos es distinto para cada uno. Sin embargo, lo que sí puede mejorarse es la contratación de individuos con discapacidad, y con ello incrementar las tasas de ocupación, para en un primer momento, insertarlos como población económicamente activa.

Y por último, resulta interesante observar las variables de tipo de contrato, pues, para la mayoría de los deciles estas tienen una influencia negativa. Es decir, propician la reducción de la brecha. Estos valores retoman importancia puesto que las horas de trabajo establecidas en los contratos laborales, y la condición de formalidad son aspectos que pueden fortalecerse a partir de la legislación que promueve la inclusión de personas con discapacidad a los centros de trabajo. Promover la constitución de organizaciones que incorporen personal con discapacidad puede incrementarse primeramente mediante estímulos fiscales, y segundo, para las personas con discapacidad conviene establecer un régimen rígido de horas de trabajo, pues, la flexibilización de trabajo a este colectivo no le es de beneficio.

Una vez descrita la situación del año 2000, conviene ahora realizar un análisis similar una década más tarde. Observando la tabla 5, para el año 2010, la situación salarial mejoró (en términos reales) para ambos grupos de trabajadores, lo cual trajo consigo una ligera disminución de la brecha para todos los deciles de ingreso, siendo en la cola izquierda donde se presentó la mayor reducción, absoluta y proporcionalmente. En este año, el salario de los trabajadores sin discapacidad fue mayor entre el 4 al 7.2%, respecto a los trabajadores con discapacidad (la razón salarial), siendo nuevamente en el decil más bajo donde se presentó la mayor disparidad.

Sin embargo, para el 2010, a diferencia del 2000, no se observa una clara tendencia a la reducción de la desigualdad a medida que incrementa el salario de los trabajadores, pues, la menor disparidad se presenta en la mediana de la distribución. La brecha más amplia se observa en el decil inferior, posteriormente se reduce para el decil intermedio, y después se revierte tal tendencia, y se amplía nuevamente para el último decil.

Un primer esfuerzo por explicar esto se asocia directamente con las características de los trabajadores con discapacidad, ya que la mejora en los niveles de educación resultó en incrementos salariales para los segmentos intermedios de la distribución.

Ahora bien, observando los porcentajes asociados a la sección explicada y no explicada de la brecha, resulta nuevamente que en el decil más bajo, los factores relacionados con las características son los que contribuyen a explicar en mayor medida la desigualdad en los salarios, mientras que para el decil más alto, lo que se observó una década anterior, continúa vigente, la discriminación asociada es mayor a la sección explicada. Sin embargo, no es este decil donde se presenta la mayor “discriminación”, ya que es en el decil 75 donde ocurre que el 80.5% de la brecha es atribuida a factores ajenos a productividad.

A lo largo de la distribución son en los deciles intermedios donde la sección no explicada retoma mayor importancia, y es precisamente en ésta donde es menor la desigualdad. Con esta información, aunada a la del año 2000, podría evidenciarse cierta correlación, pues en los segmentos de ingreso donde la desigualdad es menor, la discriminación es la que explica en su mayoría la brecha.

Analizando la descomposición acorde a los grupos de variables personales, de contrato y de lugar de trabajo, para este año, se presentan resultados similares a los del año 2000. Las características individuales son las que aportan un mayor porcentaje a la sección explicada de la brecha, incluso siendo más de cien por ciento en la cola derecha de la distribución, lo cual indica que en este segmento, la diferencia explicada se debe netamente a las características personales.

Estas cifras dan validez parcial de la teoría del capital humano, la cual postula que las disparidades salariales están en función de las características de educación, sexo, edad y experiencia de los individuos. Sin embargo, mediante la descomposición se obtiene que, aunque la mayor proporción de la sección explicada es atribuida a variables personales, para la mayoría de los deciles, este segmento explicado es menor a comparación de la diferencia no explicada por las características. Esto plantea nuevos retos teóricos, pues empíricamente se está demostrando que son otros factores los que influyen sobre el nivel de salarios que obtienen los trabajadores.

Por otro lado, las variables relacionadas con el lugar de trabajo pierden importancia sobre la parte explicada, esto con respecto al año 2000. Esto podría explicarse por los avances en materia de inclusión que se han logrado a lo largo de la década, entre ramas de actividad económica y regiones. Sin embargo, estas variables afectarán siempre significativamente a la brecha, pues los costos de vida son diferentes.

Finalmente, las variables relacionadas con el tipo de contrato, nuevamente presentaron el signo negativo, lo cual indica que reducen la brecha de salarios entre ambos colectivos, aunque pierden considerablemente aporte proporcional respecto al año 2000.

Analizados ambos años de manera separada, y puesto que el tamaño muestral lo permite ya que captura la representatividad de ambos colectivos, es oportuno analizar los cambios sucedidos a lo largo de la década, al menos de los niveles de salario y la brecha. Para ello, la tabla 5, presenta los cambios porcentuales sucedidos en el periodo 2000-2010.

En primer lugar, se obtienen las tasas de crecimiento del logaritmo del salario por hora para los trabajadores sin y con discapacidad, se observa que el mayor incremento se presentó en el decil más bajo de la distribución, 21.7 y 34.9%, respectivamente. Podría afirmarse que las políticas de mejora salarial en los empleos no calificados surtieron mayor efecto en este segmento poblacional. Aunado a esto, se observa que la brecha disminuyó en 48.7%, en este decil, la lucha contra la desigualdad salarial fue comparativamente mayor.

En el extremo opuesto de la distribución, se obtuvo un crecimiento salarial de 3.7 y 5% para trabajadores sin y con discapacidad, respectivamente. Por su parte, la brecha presentó una reducción del 20.8%. Con lo anterior, se puede concluir que, a lo largo de los diez años, el salario de los individuos con discapacidad mejoró en demasía, lo cual contribuyó a acortar las brechas.

Resumiendo toda la información anterior, y enfrentándola con la hipótesis planteada al inicio de esta investigación, en primera instancia, es evidente que la desigualdad salarial entre ambos colectivos está presente para ambos años, y a su vez, esta disminuyó durante la década de referencia, siendo en el decil más bajo donde la mejora fue comparativamente mayor.

A su vez, en los deciles intermedios de la distribución se presentó un incremento en la proporción de la disparidad debida a factores no explicados por productividad. Es decir, la discriminación asociada cobró mayor importancia en estos segmentos poblacionales. Por el contrario, en los extremos de la distribución, la sección no explicada perdió relevancia sobre la brecha. Este aspecto contradice parcialmente la hipótesis, pues se esperaba que en los extremos, la parte atribuida a discriminación fuera mayor respecto a la explicada a las características.

Es relevante mencionar que dentro de la sección efectivamente explicada por las características observadas, para todos los deciles, son las variables incluidas como personales las que propician la disparidad en los salarios. Es decir, la teoría del capital humano está vigente de manera parcial, pues, los factores no relacionados con esta tienen un peso mayor sobre la desigualdad.

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en diversas investigaciones, se encuentra convergencia en que la discriminación es un fenómeno que continúa presente al momento de las asignaciones salariales. Con el estudio elaborado por Márquez y Reyes (2014), con datos de la ENIGH del 2010, al utilizar el emparejamiento de Ñopo, el porcentaje de la brecha asociado a factores no explicados es del 68%, el cual se asemeja a los resultados de este documento, en donde para el mismo año 2010 este porcentaje fluctúa entre 43.3 y 66.8%.

Por su parte, la investigación realizada para Coahuila de Castro, Rodríguez y Galván (2017) evidencia un nivel de discriminación asociado de 90% en el 2000, y de 60% en el 2010. A pesar que en el primer año, el valor estimado dista mucho de lo evidenciado en esta investigación para todo el país, el segundo, sí se enmarca dentro del intervalo de discriminación encontrado para la distribución salarial.

Ahora bien, cotejando con la evidencia internacional, se demuestra que los niveles de discriminación son similares a los observados en Francia (Halima y Rococo, 2014), y España (Pagán y Marchante, 2004), mientras que son mayores comparados con los existentes en Perú (Barletti y Yllesca, 2014). Se podría encontrar en este punto, que este fenómeno se agudiza en las naciones con mayor nivel de desarrollo, sin embargo, se requiere realizar un estudio más exhaustivo abarcando mayor cantidad de países, para comprobar esta hipótesis.

En síntesis, la desigualdad salarial entre personas con y sin discapacidad es una realidad que continúa latente. Evidenciado empíricamente en esta investigación, la disparidad se explica en mayor medida por características no relacionadas con la productividad, por lo que la muy probable discriminación a la que se enfrenta el colectivo de personas con discapacidad, merma su calidad de vida y las aspiraciones de movilidad social. Sin embargo, es importante mencionar que la discapacidad puede estar relacionada, con una menor productividad, al menos en función del tipo de ocupación que se desempeña y de si hay o no adaptación de las tareas que realizan con el tipo de discapacidad de los individuos.

Malo y Pagán (2012) en su estudio separan a las personas con discapacidad que no experimentan limitaciones (por tenerla compensada con alguna ayuda técnica o personal, o por la levedad de su discapacidad). Al no experimentar limitaciones, se puede inferir que su discapacidad no reduce la productividad y, de hecho, para este grupo las diferencias salariales responden casi en exclusiva a las características (baja educación y formación de una manera muy importante) y muy poco o nada a discriminación. Ahora bien, para las personas con una discapacidad que genera limitaciones ambos factores (características y potencial discriminación) contribuyen a explicar las diferencias salariales, pero para este grupo no se puede estar seguro de que la propia discapacidad genere menor productividad. Por lo que, desde esta perspectiva, es importante seguir indagando sobre el tema.

Por otra parte, los retos en materia de política pública son múltiples, y simultáneos, pues en primer lugar, para mejorar la inclusión social de personas con discapacidad se deben fortalecer los mecanismos que promueven el empleo de este colectivo. Incrementar la tasa de participación debe ser un punto a resolver dentro de la agenda pública, con ello, es posible mejorar sus condiciones de vida al garantizar un ingreso salarial que permita la satisfacción de sus necesidades, y al mismo tiempo, reducir la carga del estado hacia la atención de este grupo vulnerable.

Segundo, mejorar la igualdad de condiciones iniciales entre personas con y sin discapacidad, haciendo énfasis en la educación y en los términos de contratación (formalidad en el empleo y jornadas laborales). Este par de elementos propician la reducción de las brechas, ya que la educación promueve la mejora en los rendimientos salariales mientas que la adecuación de los contratos garantiza un empleo digno.

Tercero, la lucha contra la discriminación se debe propiciar de manera simultánea a los dos puntos anteriores, y para todos los rangos de ingreso, pues es un fenómeno presente en todos los niveles socioeconómicos. Se propone que la colaboración sea de manera horizontal entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil y empresas, pues estos aspectos culturales negativos de la sociedad mexicana limitan el progreso. Como se demuestra con los resultados, el “piso pegajoso” y el “techo de cristal” también son fenómenos que afectan a los individuos con discapacidad.